Acreditada la comisión de una práctica anticompetitiva, la administración pública deberá reaccionar. Para ello, deberá elegir, de entre las posibles alternativas, la vía más idónea para resarcirse del daño indebidamente soportado. Incluso, antes de cometida la infracción, el órgano de contratación puede incluir en los pliegos del procedimiento de contratación previsiones encaminadas a disuadir a las licitadoras de coludir.

Se busca, por tanto, explorar las vías alternativas —o complementarias— a la reclamación judicial para reponer la hacienda pública al estado previo a la comisión de la infracción.

Además, las autoridades de competencia también juegan un papel preponderante en esta exploración de las vías alternativas, ya que, en determinados supuestos, podrán incluir en su resolución una orden de remoción de los efectos que, hecha efectiva por parte de la infractora, haría innecesaria toda otra reclamación.

Sobre esta base teórica, la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) ha elaborado un documento, que somete a consulta pública. LEA/AVC pretende recibir aportaciones que permitan ir avanzando en el análisis y valoración de las vías disponibles para la administración pública para reclamar daños derivados de una infracción de competencia.

Las aportaciones pueden realizarse cumplimentando el formulario accesible en el siguiente enlace.

El plazo para presentar aportaciones es desde el 21 de julio de 2025 hasta el 15 de septiembre de 2025, ambos incluidos.